Uno de los temas fue la discusión sobre la evolución de los precios internacionales de los minerales. Si bien algunos mostraron gran optimismo, la empresa Wood Mackenzie y Raymond James Ltd. proyectó que los precios se incrementarán, pero recién para el periodo 2020-2022, en tanto se mantendrán menores niveles durante el 2018 y 2019. El precio de cobre situaría el 2017 en US$ 2.68/libra y podría llegar el 2022 a US$ 3.45/lb. Para dicho año, el oro podría situarse en US$ 1,300 /oz y el zinc a US$ 2.86/TM. 

Precios e inversiones

Estudios como los del FMI han mostrado una estrecha relación entre precios internacionales e inversiones. También hay estudios locales optimistas, que buscan poner de relieve el impacto positivo y efecto multiplicador de la minería. Según la Sociedad de Minería y Petróleo, en el quinquenio 2012-2016 la minería aportó con el 10% del PBI, generó más de 32 mil 242 millones de soles en impuestos, regalías y gravamen minero, siendo el principal contribuyente (Perumín 2017)

El Vice Ministro de Minería informó que la inversión minera creció en 1.5% y que las estadísticas acumuladas a julio la exploración minera creció en 25.2%, con lo cual se marcaba un cambio positivo que se consolidará con los megaproyectos previstos (El Comercio, 18 de setiembre 2017).

Política pública e inversión minera

Los representantes del Gobierno buscaron crear optimismo expectativas con anuncios de propuestas de medidas como: “Pasivos Ambientales por Impuestos”, el lanzamiento de un “Grupo de alto Nivel” para impulsar los proyectos mineros, además del “Fondo de Adelanto Social”, y la “formalización” de la pequeña minería y la minería artesanal, entre otros (El Comercio, 25 Setiembre).

Según la Ministra de Energía y Minas existen 48 proyectos mineros por un monto de US$ 51 mil 102 millones de dólares.

Semana Económica señala que al 2022 sólo 10 proyectos mineros comenzarían a operar, con una inversión total de US$ 15,740 millones. De los cuales 3 son ampliaciones de minas existentes y el resto son proyectos suspendidos en el pasado por conflictos sociales (Semana Económica, Edición especial PERUMIN, 21 de setiembre). 

Minería y conflictos

De 26 empresas encuestadas en el evento cerca de 17 indicaron que tuvieron algún tipo de enfrentamiento con las comunidades de su entorno en los últimos 5 años (según los resultados del estudio realizado por Universidad de Queensland).

Una de las demandas planteadas por los participantes de PERUMIN fue que el gobierno establezca “reglas claras y conduzca una estrategia de minería a largo plazo que mejore las relaciones con las poblaciones locales”

El tema más polémico en PERUMIN fue la Ley 30640, que modifica la Ley 29338 de Recursos Hídricos, mediante el establecimiento de los criterios técnicos para la identificación y delimitación, de las cabeceras de cuenca a fin de declararlos intangibles y libre de la explotación minera. Esta propuesta fue presentada por el Frente Amplio y aprobada por el Congreso. El reclamo de los empresarios mineros, fue que este dispositivo pone en riesgo la licitación del proyecto Michiquillay (US$ 2,000 millones), y en general las inversiones mineras a futuro.

Las Ministras del Ambiente y Energía y Minas pusieron énfasis en que ello no sucederá, y que además aún está en proceso la definición y reglamentación la metodología para definir los criterios para identificar y delimitar las cabeceras de cuenca.

El peligro es la distorsión o la no reglamentación de la norma y quede sin aplicación efectiva, o alternativamente la búsqueda de su derogación desde el propio Congreso, significando un retroceso para el cuidado del medio ambiente y los acuíferos naturales, lo que puede traer más conflictos socio-ambientales.

Empresa y desarrollo

El sector privado es clave para el desarrollo, y es fundamental una visión y estrategia de largo plazo. No puede basarse en la esperanza de buenos precios internacionales, y una inserción excluyente primario-exportadora. Tampoco en la elusión, evasión fiscal o paraísos fiscales sino en la inversión y la acumulación. Menos en una competitividad espúrea basada en la “flexibilización laboral” o bajos estándares ambientales.

Se requiere un nuevo pacto fiscal que permita un crecimiento sostenible con atención a la educación, innovación ciencia y tecnología como pilares, que logre un equilibrio entre inversión y atención de la deuda social y la exclusión, reduciendo la desigualdad.

Es positivo que la CADE de este año busque un acuerdo político para el bicentenario, pero para ello se requiere un debate plural y arribar a consensos, que no pueden ser más de lo mismo o profundización del modelo en curso