El problema de fondo 

Hay una nueva revolución tecnológica: robótica, inteligencia artificial, economía digital, industria 4.0, que redefinirá no solo el futuro del trabajo (desplazando la mano de obra menos calificada), sino que agudizará la brecha entre países desarrollados y en desarrollo, si no se hace nada al respecto.

Se requiere una política de innovación, ciencia y tecnología integral, que nos ponga por lo menos en la media latinoamericana de la inversión per-cápita en este rubro, desarrollar la carrera del investigador, darle la máxima representación política, pero sobre todo tener una escala suficiente de científicos e investigadores en ciencias básicas y sociales que produzcan el conocimiento que se requiere y la formulación de políticas que permitan su implementación.

No basta aumentar las publicaciones en journals especializados, y el registro de patentes. Se deben aplicar para lograr un salto cualitativo en la productividad, diversificación productiva y la reducción de la heterogeneidad estructural que nos caracteriza, que está a la base de los problemas de empleo, distribución del ingreso y exclusión.

Para ello se necesita una adecuada interacción entre el Estado, sector privado y la universidad. Hay islas de excelencia, individualidades, pero no tenemos un robusto sistema nacional de innovación, ciencia y tecnología, élites empresariales shumpeterianas, políticas educativas y universitarias adecuadas. En suma, políticas de Estado en torno a un proyecto nacional de desarrollo.

Política educativa

En los últimos años, se aumentó el presupuesto, se intentaron algunas reformas parciales y se dio la nueva ley universitaria. La reciente huelga magisterial, evidenció la magnitud de los problemas no resueltos.

No solo problemas de ingresos, infraestructura, condiciones materiales y de apoyo, capacitación docente, deficiencias en los planes de estudios, diversos mecanismos de privatización de un servicio público, un derecho que debiera ser gratuito y de calidad.

Se debería propiciar un debate y consenso nacional en la materia. No reprimir a los dirigentes, o buscar agudizar las contradicciones entre dirigentes y gremios existentes.

Educación superior

Algo similar se da en el caso de la educación superior. Una proliferación de universidades privadas desde los años noventa, donde la calidad y excelencia no son la norma. Una masificación y privatización que complicó aún más la situación. Una merma en la inversión destinada a la universidad pública, que debiera ser pilar del sistema. Profesores inadecuadamente remunerados, laboratorios e infraestructura deficientes, no creaban las condiciones para que la universidad cumpla con su misión en la investigación, innovación, tecnología y desarrollo.

Cuando para algunas los recursos del canon podían ser un complemento importante, no se crearon las condiciones para su uso en investigación. Recién convenios con Concytec, han permitido una utilización más intensiva de ese financiamiento. Pero, hay incentivos perversos. Si la universidad consigue recursos propios, se castiga el éxito. Se le retira el financiamiento estatal por el monto excedente. Se requiere por lo menos duplicar el presupuesto actual a las universidades públicas, y más bien poner el Estado un monto equivalente al que las universidades públicas generen por venta de servicios o de manera independiente.

Ley universitaria

Hace tres años se dio la ley universitaria y se creó la SUNEDU. Habían objetivos plausibles: la calidad como eje central, una moratoria para nuevas universidades, el licenciamiento de universidades, la creación de estudios generales y un vicerrectorado de investigación, la búsqueda de aumentar el número de doctores, pisos mínimos para ejercer la docencia universitaria. El anuncio de frenar las universidades-garaje, que no cumplían las condiciones para funcionar como tales.

Pero, hay un porcentaje minoritario licenciado, no se han cerrado las instituciones que claramente debían serlo, y los conflictos se concentraron en la universidad pública. A estas se les pedía un conjunto de requisitos, pero no se daba el presupuesto necesario para su implementación. Una autoridad que depende del poder político, que ha limitado la autonomía universitaria en ejes de su funcionamiento.

Se requiere una entidad supervisora no dependiente del poder político, con mandato suficiente para hacer los cambios necesarios. Puede coexistir con una Asamblea Nacional de Rectores. No para que se fiscalicen a sí mismas, pero sí para coordinar programas conjuntos, doble titulación, políticas de investigación con equipos mixtos, compartiendo redes, y promoviendo su internacionalización.

Por la situación expuesta, no se puede descabezar automáticamente docentes de 70 años, cada universidad debería tener la autonomía para evaluar y definir el proceso de recambio institucional.

Hay una reforma pendiente, y pensamos que debe crearse un Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología y Educación Superior. No solo para viabilizar el despegue de la educación, sino el desarrollo mismo del país.