De acuerdo al INEI , durante el primer semestre del 2016, solo el 31,2% de la población de 14 y más años de edad se encontraba afiliada a algún sistema de pensiones. Siendo el área urbana en donde se registra un mayor porcentaje de afiliados. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) concentraban mayor número de afiliados con un 19,2% del total, en cambio la Oficina de Normalización Previsional (ONP- Ley 19990 y Ley 20530) tenía el 10,8% de los afiliados y los otros sistemas de pensión el 1,2% restante. 

Grafico N°1: Población de 14 y más años de edad afiliada a un sistema de pensión, según tipo, 2016 Enero-Junio

Los datos sugieren que solo un tercio de la población cuenta con un sistema de pensiones, debido a que tanto la Oficina de Normalización Previsión (ONP) a cargo del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP), no tienen en cuenta a los trabajadores informales (ya que se basan en el aporte a través de planilla).

En este contexto, el sistema de pensiones se ha vuelto un tema de debate, a raíz del informe elaborado por la “Comisión de Protección Social”, el cual ya fue remitida al MEF. Esta comisión tiene como objetivo plantear reformas económicas para financiar la cobertura universal de aseguramiento de salud y protección previsional, sin afectar la sostenibilidad fiscal ni generar informalidad en el mercado de trabajo.

Según lo trascendido, las recomendaciones elaboradas por esta comisión buscarían reforzar el pilar contributivo de los fondos de pensiones, para ello se buscarán incorporar dentro del sistema pensionable a los trabajadores informales, por medio de mecanismos alternos, como un esquema de enrolamiento automático al sistema pensionario, a través de sobrecargos en los consumos de servicios básicos, el sobrecargo se destinaria a una cuenta de capitalización individual y serian complementada con una contribución del Estado. En este sistema los trabajados podrían desactivar los recargos en el momento que estimen pertinente.

Las reformas del sistema de presiones y las propuestas de la comisión de protección social estarían dirigidas hacia un sistema único de pensiones, que permita a los afiliados tener una cuenta individual de capitalización, y en el que cuente con una pensión y en caso que esta no llegue a la pensión mínima, la diferencia sea cubierta a través de un subsidio. Por su parte la Ministra de Economía, Claudia Cooper, se ha visto obligada a desmentir la fusión de la ONP con la AFP.

Pero, se trata de eliminar la ONP, y con ello los esquemas de solidaridad intergeneracional y redistribución que tienen a la base, más allá de sus limitaciones. Pero el sistema de AFPs, también muestra severas limitaciones, y en vez de resolver los problemas de fondo, se buscaría favorecerlas con esta reforma.

Más papistas que el Papa

Mientras donde crearon la criatura y tiene el mayor tiempo de vigencia y amplia cobertura plantean desaparecer las AFPs o hacerles profundas reformas, aquí se va en la dirección contraria. Allí no funcionó según lo que se había planificado, se dio un enérgico rechazo ciudadano y los políticos han tenido que atender esas demandas dada la movilización de la población.

El gobierno de Chile ha presentado una propuesta de ley que busca modificar el sistema de captación de su régimen de pensiones, este proyecto ley busca conseguir un 5% más de cotización a cargo del empleador para incrementar progresivamente las pensiones que pagan las AFP a los jubilados. La medida permitirá un incremento de un 20 por ciento de las pensiones en el corto plazo, para llegar a un 50 cuando la actual masa laboral llegue a la edad de jubilación. El incremento del 5 % se dividirá en dos: 3% que irá a una cuenta personal que será heredable, 2% quedará en una cuenta colectiva.

Se introducen mecanismos de regulación del Estado, a pesar que ya hay pensión mínima y no exista la informalidad del Perú. Se busca crear mejores condiciones para los pensionistas y sacar recursos de los empleadores, no de los trabajadores.

Profundización del modelo

Es un buen momento para reabrir el debate. Pero, este gobierno busca reprivatizar servicios y actividades a todo nivel (en salud, educación, APPs, etc). Además de la flexibilización laboral y relajo de estándares ambientales y debilitamiento institucional de la regulación. Se debe enfrentar la profundización del modelo en todos los terrenos, defendiendo los derechos ciudadanos.