En el 2012, se prohibió la creación y el otorgamiento de autorización para el funcionamiento de nuevas universidades y filiales por un periodo de cinco años, mediante la promulgación de la Ley N° 29971. Esta medida buscaba replantear la política de la educación superior y garantizar su calidad.  

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) señaló que era fundamental ampliar esta moratoria por un periodo de dos años, con el fin de culminar con el proceso de licenciamiento de las actuales universidades. Este debe terminar en julio del 2018, lo que permitirá conocer mejor la calidad de la oferta educativa, además de determinar si hay una demanda no atendida.

Pese a la prohibición vigente, el Ministerio de Educación (Minedu) ha recibido más de 14 proyectos de ley de diversas bancadas para la creación de universidades públicas, algunas de las cuales han sido declaradas de interés nacional. Entre las iniciativas figuran la creación de tres universidades en Puno, Ayacucho, Cusco .

Debate en el Congreso

En este contexto, el mes pasado se presentó a la Comisión de Educación del Congreso un proyecto de ley que buscaba ampliar la vigencia de la referida moratoria por tres años, propuesta que fue apoyada por el MINEDU. Por su parte, la SUNEDU resaltó que el referido proyecto permite cumplir con la finalidad de la moratoria, así como continuar el proceso de constitución de un sistema con universidades debidamente acreditadas y certificadas que garanticen la calidad, investigación y vinculación con las necesidades del desarrollo del país.

Tras varias sesiones de discusión, este 4 de diciembre la Comisión de Educación aprobó un Pre Dictamen (PL 2073/2017- CR) que establece la prórroga para el funcionamiento de más universidades privadas y públicas en el país por un periodo de dos años, para que la SUNEDU concluya con el licenciamiento de las universidades.

Recordemos que la ley de moratoria permitió iniciar el debate de la reforma universitaria, la cual se materializó el 2014 con la Ley Universitaria (Ley N° 30220), la cual entre sus objetivos buscaba controlar el crecimiento de la proliferación de universidades y hacer frente a la baja calidad de las universidades.

Algunos datos

Solo entre el 2005 y 2015 se crearon 58 universidades a nivel nacional, de las cuales solo 16 son universidades públicas, y el 72% del total de universidades creadas son privadas. En cuanto a la distribución de las universidades por regiones, Lima concentra el 40%; le siguen Junín y La Libertad (6% cada uno), Arequipa (5%), y, por último, Cusco y Lambayeque (4% respectivamente)

Gráfico N°1: Número de universidades

Fuente: British Council (2016) “La reforma del sistema universitario peruano: internacionalización, avance, retos y oportunidades”

En la actualidad existen 143 universidades y cuatro escuelas de posgrado, de las cuales 136 han presentado su Solicitud de Licenciamiento Institucional, y solo 24 han obtenido su licencia institucional al demostrar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad: infraestructura adecuada para impartir el servicio educativo, promoción y sostenibilidad de la carrera docente, líneas de investigación, entre otras. Cabe precisar que el 80% de universidades licenciadas son privadas y solo se logró licenciar a 8 universidades ubicadas en las diversas regiones de nuestro país.

Por otro lado, 27 casas de estudios se encuentran con Plan de Adecuación establecido por la SUNEDU, y a otro grupo de 47 universidades se les ha remitido un informe de observaciones que deberán subsanar.

Al compararnos con países de la región que cuentan con sistemas universitarios similares al nuestro, como Chile y Colombia, se puede observar que el número de universidades en nuestro país son mucho mayores. Es así que, en el Perú existen 4.5 universidades por cada millón de habitantes, proporción que es mayor a la registrada en nuestros países vecinos.

Balance

Nos parece positiva la decisión del Congreso. Es fundamental asegurar que las universidades cumplan con los estándares básicos de calidad, ya que la Educación Superior es un factor que contribuye al crecimiento económico y ayuda a disminuir las brechas de inequidad social. Esto no implica dejar de lado las mejoras que deben hacerse a la ley universitaria y la política nacional, para cumplir con tales objetivos .