es constitucional, no confundas

Foto: eL BUOHO

“TÍA MARÍA” CON LICENCIA ESTATAL Y RECHAZO SOCIAL

Publicado: 2019-07-13

Para justificar la licencia de construcción al proyecto minero “Tía María” de la empresa Southern, el Ministro de Energía y Minas señaló que esta cumplió los trámites administrativos y legales, subsanando las 14 observaciones requeridas, y se comprometió en no iniciar su construcción hasta generar espacios de diálogo con la población. Sin embargo, CooperAcción muestra que hay observaciones de UNOPS que no han sido levantadas, pese a la flexibilización de estándares ambientales, la reducción de atribuciones del Ministerio del Ambiente a favor del de Energía. 

De las 138 observaciones de UNOPS, 30 eran prácticamente insalvables. Señalar que usarán agua de mar y no del río no resuelve problema de acuíferos y aguas subterráneas, ni el hecho que aun usando agua de mar, devolverían la salmuera, lo que también contamina. Hay un argumento increíble, tomado por la propia ministra del ambiente!, que las aguas del río Tambo ya tienen cierta presencia de metales, como si eso justificaría que se termine de contaminar. Tampoco ayuda el largo historial de la empresa en el país y el exterior, de incumplimientos de estándares ambientales, o juicios por conflictos con la población o el Estado.

Como para mostrar quien manda en el país, fue la propia empresa Southern la que hizo de público conocimiento el otorgamiento de la licencia de construcción. La CONFIEP, ya se había pronunciado públicamente pidiendo al Presidente Vizcarra, dos señales importantes, una de ellas, dar licencia al proyecto “Tía María” debido a que estaba a un mes de que pierda vigencia el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) afirmó que “Tía María” es una señal importante para reactivar las inversiones en el Perú, significa una inversión de 1,400 millones de dólares, la creación de más de 9,000 empleos formales, 5 mil millones de soles en contribuciones por canon y regalías en los 20 años de operación. Que, esperan que “el Estado continúe dando señales positivas concretas para la inversión en el sector minero energético, garantizando estabilidad jurídica, el respeto al Estado de Derecho y fortaleciendo la gobernabilidad y la paz social”, cuestionando, la excesiva tramitología y sobrerregulación, y la conflictividad social que son “barreras” para nuevos proyectos de inversión.

El gobierno obedeció. La captura del Estado por los poderes fácticos que llegó a su máxima expresión con PPK, se mantiene incólume con Vizcarra. Los aires “reformistas” (judicial y política), son fuegos artificiales para distraer la atención de la profundización del modelo económico, con las políticas y plan de “productividad y competitividad”.

De nada han servido los pronunciamientos de rechazo de autoridades locales y regionales, ni 10 años de lucha frente a intentos previos de gobiernos anteriores, que han cobrado víctimas y heridos. Ni que se ponga en riesgo un valle fértil de 18,000 hectáreas, del que dependen alrededor de 20,000 personas.

La población ya habló. No se necesitan más “encuestas”. En las últimas elecciones locales y regionales, se plantearon posiciones a favor y en contra del proyecto. Ganaron los candidatos que señalaron como ahora, ”agro sí, mina no”. En cualquier país democrático se respeta la opinión de la población y se suspenden los proyectos que no tienen licencia social.

Aquí, el gobierno de la gran empresa, otorga la licencia de construcción y manda policías y tropas para “dialogar”. El pueblo peruano ha demostrado que no se deja amedrentar, menos el del sur. Ante tal provocación, están propiciando una irresponsable polarización y la población seguramente adoptará formas de autodefensa como en el pasado reciente.

Hay carencias y falta de empleo, que el Estado con proyectos de inversión pública debiera atender, y con políticas de apoyo a la agricultura familiar y la diversificación de la economía. Con adecuadas políticas fiscal y monetaria, que reviertan la práctica inacción en la reconstrucción del norte, y la incapacidad para impulsar políticas contra-cíclicas. Ahora, hasta el BCR se pronuncia por Tía María para la reactivación, en vez de aplicar las medidas monetarias que lo consigan.

Políticas nacionales y de fomento de la desconcentración y descentralización, con los recursos necesarios para implementarlo, es lo que también se necesita. Esto implica planificación y ordenamiento territorial, que los gobiernos se niegan a implementar porque puede interferir con los mandamientos del “libre mercado”. Lo que existe es una concentración monopólica u oligopólica que fija precios y tarifas como considera conveniente, ante una inadecuada o insuficiente regulación. También, una competencia desleal desde el exterior en bienes industriales y agrícolas que afectan a nuestros productores, frente a la cual el estado es mudo testigo.

Si se anula la licencia y el proyecto, no vendrá el apocalipsis como dice la propaganda. Luego de Conga, aumentó la inversión minera cualitativamente. Tiene que ver más con factores externos, como el precio de los metales, como diversos estudios muestran. La inversión extranjera es alrededor del 20% del total. Los incentivos y políticas deberían concentrarse en la inversión nacional, principalmente de la pequeña y mediana empresa en la ciudad y el campo, que es la que concentra los empleos productivos del país.

Son positivos los llamados al diálogo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que ha pedido “Diálogo con transparencia en Tía María”, señalando que “la imposición de la fuerza, aun siendo un mecanismo legal, no puede ser utilizado ante poblaciones indefensas y cuyas demandas no se han atendido”. Igualmente, de la Conferencia Episcopal, y la Defensoría del Pueblo. Pero, el diálogo no es para imponer el proyecto sí o sí ahora, o más adelante. Debería partir por anular la licencia, como ha señalado el gobernador regional de Arequipa.

La población ya acordó un paro indefinido a partir del lunes 15 de julio, al cual se han sumado organizaciones sindicales y populares de la región. Rechazamos la represión y el envío de centenares de efectivos policiales a la provincia de Islay. Si el Sr. Vizcarra no atiende los reclamos de la población, si asume los hechos consumados con “Tía María”, las consecuencias serán realmente trágicas. Tiene poco tiempo para rectificar.


Escrito por

Alan Fairlie Reinoso

Economista y actual Parlamentario Andino por Perú.


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