A finales del 2018, el gobierno aprobó el Decreto Supremo N° 345-2018-EF mediante la cual estableció la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), compuesta por 9 objetivos prioritarios, cada uno de ellos con sus respectivos lineamientos. Este 28 de julio el Gobierno lanzó su Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que incorporaría más de 80 medidas para implementar las políticas. 

Como sabemos, la PNCP establece dentro del objetivo prioritario N°2, cinco lineamientos de política orientados a fortalecer y promover el desarrollo de capital humano altamente capacitado. Para cumplir con dicho fin se establecieron medidas políticas que fueron trabajadas, y desarrolladas y consensuadas a partir del Comité Técnico Público Privado(CTPP)[1], que estuvo a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU). Se identificó como principal problema el desfase entre lo demandado por el mercado laboral y las competencias que ofrece la oferta laboral, así como la elevada prevalencia de la anemia en niños menores de 3 años, puesto que esta enfermedad afecta de forma significativa el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Por otro lado, se identificó la necesidad de impulsar la revalorización de la carrera docente. En ese sentido, fue el MINEDU el encargado de definir los actores que participaron en la formulación de estas medidas[2].

Tras la identificación de los principales problemas se diseñaron doce medidas, en concordancia con los lineamientos de política establecidos en la PNCP. Estas, buscan equiparar la oferta y demanda laboral a partir de una mayor formación; promover la educación superior de calidad; y la educación técnica de excelencia; garantizar el acceso a fuentes de información, tanto de orientación vocacional, así como perfiles demandados por el mercado laboral; facilitar el tránsito de la escuela al trabajo; busca el desarrollo infantil; y finalmente, promover la revalorización de los docentes.

En el cuadro N° 1, se señalan los lineamientos que componen este objetivo, así como las medidas establecidas para alcanzar el cumplimiento de los mismos.

Cuadro N°1: Lineamientos y medidas de Política entorno a fortalecimiento del capital humano

A continuación, presentamos las medidas que contempla en el PNCP en el objetivo prioritario 2:

Medida de Política 2.1: Consejos Sectoriales de Competencias

Con esta medida se busca crear los Consejos Sectoriales de Competencias (CSC), en aras de contribuir en la construcción de un estándar común de competencias laborales, que permita la certificación de competencias obtenidas dentro del sistema educativo, así como fuera de este.

Los CSC, buscarían articular los requisitos actuales y futuros del mercado con la oferta formativa, para lo cual se establecerían medidas de acciones conjuntas entre el MTPE, MINEDU y el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización y el sector privado, instituciones que en el 2016, con el apoyo del BID y la participación de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, desarrollaron dos pilotos de CSC en los sectores de minería y agroexportación.

Medida de Política 2.2: Marco Nacional de Cualificaciones (MNC)

Esta medida está orientada a la creación e implementación de un Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), el mismo que busca establecer equivalencias entre las cualificaciones considerando una estructura de niveles definidas para este fin, siendo los consejos sectoriales de competencia los encargados de definir dichos estándares de competencia. Finalmente, la medida sostiene que cuentan con el financiamiento del BID hasta el 2025, para el desarrollo de pilotos de MNC y se espera desarrollar 3 pilotos.

Medida de Política 2.3: Aseguramiento de la calidad y articulación de la Educación Superior y Técnico-Productiva.

Con esta medida, se busca la articulación de la educación superior y la técnico-productiva. Para ello, el gobierno creó el grupo de trabajo que elaborará una propuesta de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva mediante Resolución Ministerial N° 271-2019-MINEDU[3] .

La mencionada propuesta estaría orientada a garantizar la calidad en los siguientes aspectos: a) evaluación de la gestión de las instituciones: ello se realizaría a través del licenciamiento a fin de buscar que se cumpla con las condiciones básicas, y esta actividad estaría a cargo por Sunedu (universidades) y la Dirección de Educación Técnico Productiva del MINEDU (institutos). La acreditación de universidades e institutos está a cargo de Sineace. b) evaluación de aprendizajes pertinentes para el mundo laboral, el que se centraría en garantizar el logro de los aprendizajes y dar continuidad entre los aprendizajes de la educación básica con los de la educación superior. Por otro lado, esta medida plantea la posibilidad de impulsar de la educación a distancia con el fin de aprovechar el uso de las tecnologías de información y comunicaciones.

Medida de Política 2.4: Institutos de Excelencia (IDEX)

La medida está enfocada en la implementación de estándares en el marco del Modelo de Excelencia, dentro de los institutos superiores, el mismo que sería seleccionado por el gobierno, de tal forma que se implementen 26 Institutos de Excelencia (IDEX). Dichos institutos contarían con las condiciones básicas de calidad, y tendrían como fin responder a las necesidades básicas de cada región, por lo cual serán los gobiernos regionales quienes velarían por el cumplimiento del modelo, buscando así mejorar la competitividad de la región. Además, promover la empleabilidad de los estudiantes de educación técnica e impulsar la competitividad regional.

Medida de Política 2.5: Observatorio Integrado de Educación y Empleo

Se busca la fusión de dos plataformas informativas en materia de orientación vocacional (“Ponte en Carrera”) y orientación para la empleabilidad (“Proyecta tu Futuro”). Este observatorio generaría un portal único, a fin de permitir al ciudadano acceder a mayor información sobre las carreras a seguir, así como las trayectorias de un trabajador. En ese sentido, la medida ayudará tanto a los estudiantes, como a los trabajadores en la toma de decisiones a lo largo de su etapa formativa y vida laboral.

Medida de Política 2.6: Educación secundaria con formación técnica

Consiste en la creación progresiva de un modelo de Educación Secundaria con Formación Técnica, con el fin de facilitar la inserción al mercado laboral de aquella población que inmediatamente después de terminar su educación básica regular, y se ve en la necesidad de encontrar una fuente de empleo. Con este modelo se pretendería dotar de una formación técnica, así como el desarrollo de habilidades blandas para el empleo y autoempleo. Por otro lado, esta medida busca rediseñar las becas Doble Oportunidad y Mi Vocación Técnica, las cuales están orientadas a aumentar las oportunidades a jóvenes que no culminan educación básica regular o sin posibilidad de seguir estudios superiores o de obtener estudios técnicos.

Medida de Política 2.7: Gestión territorial para la lucha contra la anemia y para el desarrollo infantil temprano

La medida constituye la implementación de instancias de articulación local, conformado tanto por autoridades municipales, así como el MIDIS y representante de programas sociales. En ese sentido, esta se estructura a través de dos ejes , el primero de ello se basa en la implementación de la Meta 04 del Plan de Incentivos Municipales la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la anemia de infantes de hasta 11 meses, y el segundo eje responde a la Gestión Territorial denominada “Primero la Infancia”, el mismo que incluye paquetes integrales de servicios para el desarrollo infantil temprano (atención a las madres gestantes, niños menores de un año, diagnóstico y tratamiento de anemia, educación inicial), en donde se ha priorizado los distritos de quintil 1 y 2.

Medida de Política 2.8: Prevención de la anemia en la población en edad escolar.

Esta medida está orientada a promover la articulación de sectores como: Salud, a fin de reducir la prevalencia de la anemia en niños y niños, así como en la población infantil menor de 36 meses, todo ello en el marco del Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia (PMLCA).

Medida de Política 2.9: Fortalecimiento de las intervenciones de salud para prevenir, vigilar, controlar y reducir la desnutrición crónica, anemia y enfermedades inmunoprevenibles en niños menores de 36 meses.

La medida busca garantizar la vacunación de todos los niños y niñas menores de 36 meses que no han sido inmunizados en las actividades regulares de los servicios de salud, además de implementar Redes Integradas de Salud (RIS) a fin de que las personas, la familia y la comunidad, tengan una mayor oferta de servicios de salud. Con esta medida se buscaría, la aprobación del Reglamento de la Ley N° 30885, que establece la articulación de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de los distintos prestadores de salud (IPRESS de MINSA, Gobiernos Regionales, EsSalud, Sanidades, Gobiernos Locales y otros).

Medida de Política 2.10: Atracción del talento docente a la Carrera Pública Magisterial

Establece medidas orientadas a mejorar la selección de docentes dentro de la Carrera Pública Magisterial, buscando captar a personal altamente capacitado y poder atender a la población estudiantil, especialmente la ubicada en zonas rurales.

Medida de Política 2.11 Formación inicial docente: Escuelas de Educación Superior Pedagógicas.

En esa misma línea, se propone la creación de Escuelas de Educación Superior Pedagógicas (EESP) con la finalidad de mejorar la oferta pública de docentes, ello con el fin de contar con docentes egresados con competencias pedagógicas necesarias para brindar enseñanza de calidad

Medida de Política 2.12: Desarrollo de competencias de docentes, directivos y formadores de IIEE de Educación Básica en servicio.

La medida señala la creación del Programa de Formación y Capacitación Permanente para docentes, directivos y formadores, y un Sistema de Reconocimiento Docente (SRD) que cuente con criterios transparentes y meritocráticos.

BALANCE:

Aspectos positivos

Reducir las brechas existentes en materia de capital humano, es fundamental para alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad. Además, es el principal medio para romper los círculos de pobreza y desigualdad, puesto que una educación de calidad permite que las personas desarrollen mejores capacidades y por ende lograr la diversificación productiva del país.

En ese sentido, las medias contempladas en el objetivo, constituyen un avance hacia este fin, aunque algunas de ellas pueden presentar algunos limitantes. Consideramos que es fundamental contar con un Marco Nacional de Cualificaciones, que esté alineado a las demandas de los sectores productivos, así como la certificación de competencias obtenidas dentro del sistema educativo y fuera de este; pues esto permitirá que los jóvenes tengan mayores y mejores oportunidades de empleabilidad.

En esa misma línea, consideramos que la creación del Observatorio Integrado de Educación y Empleo, permitirá que los jóvenes encuentren información sobre las carreras y las perspectivas del mercado laboral, lo cual facilitará la toma de decisión en torno a su futuro profesional, además de aumentar las posibilidades de insertarse al mercado laboral. Asimismo, consideramos necesario que esta plataforma incluya información sobre los derechos fundamentales en materia laboral que permita tanto a los jóvenes, así como a los trabajadores en general, conocer cuáles son sus derechos. Cabe precisar que tanto esta medida, así como la de los párrafos previos, se encuentran presente en el proyecto marco normativo “Para Impulsar la Inserción Juvenil al Mercado Laboral en los Países Andinos”, que mi despacho presentó al Parlamento Andino, en febrero de este año y se encuentra en proceso de debate en el pleno del mismo.

Estamos de acuerdo en que se debe impulsar en el país la formación técnica y tecnológica de calidad, a través de los institutos de excelencia, pues ello facilitará la inserción hacia puestos de trabajos decentes, además de promover la capacidad de emprendimiento, por lo cual resulta clave para la formación de talento humano cualificado y la vinculación con el sector productivo. En ese sentido, tanto los Institutos de Excelencia, así como la educación secundaria con formación técnica, son un buen comienzo.

Por otro lado, creemos que es esencial garantizar una educación de calidad para todos, y debe ser vista debe como una prioridad, por lo cual consideramos que es esencial lograr el promover el licenciamiento tanto de las universidades como de los institutos, así como definir acciones concretas que faciliten la integración a nivel universitario de los institutos tecnológicos, y estimular el fortalecimiento del vínculo entre la educación y la capacitación técnica productiva y el empleo.

Concordamos en que se debe atender a nuestra primera infancia, brindándoles un enfoque integral, tanto en materia de salud como educación, pues ello permitirá que desarrollen su potencial productivo, lo cual en un largo plazo permite acortar las brechas en materia de capital humano. En ese sentido, las medidas impulsadas como la gestión territorial para la lucha contra la anemia y para el desarrollo infantil, y escolar; así como, las intervenciones de salud para reducir la desnutrición, son un buen camino.

Aspectos críticos

Contar con un mejor capital humano es un factor esencial para alcanzar mayores niveles de desarrollo, productividad y competitividad, además de alcanzar un crecimiento sostenible a largo plazo. Sin embargo, las medidas establecidas en el OP N°2 son una continuidad de las ya existentes, por un lado, y por otro, no hay claridad del rol que ejercerán los actores involucrados especialmente el sector privado. Nos dicen que este plan se caracteriza por su enfoque territorial, pero nuevamente se deja de lado la educación intercultural bilingüe. Además, se sigue sin contemplar aumentar de manera significativa los recursos destinados a los sectores involucrados, recursos que permitirán hacer viable todas las medidas planteadas y alcanzar niveles de productividad y competitividad a largo plazo. Estos dos últimos puntos ya fueron mencionados en el análisis previo que realizamos (ver: http://alanfairliereinoso.pe/?p=3764)

Por otro lado, existen algunos aspectos que deben de ser analizados y trasparentados dentro de cada una de las medidas que se impulsan como parte del objetivo prioritario 2, como es el caso de los Consejos Sectoriales de Competencias (CSC). Resulta necesario evaluar la composición y el rol que ejercerían cada uno de los sectores involucrados dentro de los CSC, garantizando una participación justa y equilibrada de los mismos, en particular el rol que tendrá el sector privado, ya que la medida señala que “el sector privado será el encargado de liderar la identificación de estándares de competencias que orienten la oferta formativa y la certificación de competencias, de manera que contribuyan a la innovación y competitividad de la economía peruana”.

De acuerdo a la experiencia internacional, los CSC son un instrumento clave para garantizar que la formación para el trabajo satisfaga las necesidades de los empleadores, y los objetivos del Estado en cuanto al desarrollo del sistema de formación para el trabajo[4]. Creemos que debe ser el Estado quien debe tener mayor rol, puesto que este es el encargado de proveer la oferta formativa y garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de educación y su articulación con el mercado. Asimismo, la consolidación, sostenibilidad y correcto funcionamiento del modelo de CSC, dependerá de los sistemas de formación para el trabajo, así como de la adopción de las nuevas tecnologías y los cambios producto de la Revolución Digital, tal como lo menciona el BID[5], lo cual no es tomado en cuenta en el diseño de esta medida.

En relación al Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), las medidas contemplan el desarrollo de tres MNC pilotos, debido al escaso financiamiento existente. En esa línea resulta indispensable que los sectores priorizados sean aquellos sectores económicos y productivos con un alto potencial para contribuir con la expansión de empleo. Asimismo, se requiere un mayor financiamiento que permita que esta medida sea sostenible en el tiempo, y sea replicada dentro de otros sectores.

En el caso del aseguramiento de la calidad y articulación de la Educación Superior y Técnico-Productiva, la cual busca garantizar calidad de los servicios y de los aprendizajes a través del licenciamiento y la acreditación, esta medida es un continuismo de las ya existentes, puesto que desde el 2015 Sunedu viene trabajando en el licenciamiento de las universidades, otorgando a la fecha 75 licencias institucionales[6]. Por otro lado, el licenciamiento de institutos fue contemplado en el artículo 24 de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes durante el 2016[7]. Si bien hay avances en las normas técnicas asociadas a las condiciones básicas y los procedimientos de licenciamiento, aún estas no se aplican.

No obstante, el gobierno publicó la Resolución Ministerial N° 271-2019-MINEDU, que establece la creación de un Grupo de Trabajo de naturaleza temporal, con el objetivo de formular una propuesta de Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva, grupo que deberá dar a conocer su propuesta final en las próximas semanas. Esperamos que esta política responda a los intereses del país, puesto que existe un especial interés por parte del sector privado en modificar la Ley Universitaria, tal como lo señala Agenda País de la CONFIEP, la misma que recomienda cambiar los artículos correspondientes al licenciamiento de las universidades.[8]

El sector privado buscaría que el licenciamiento se dé por única vez y sea permanente, además de que una vez obtenido, sea extensible a nuevas sedes y carreras, siendo el principal argumento que la inversión en este sector se ha visto estancada a causa de los procesos de licenciamientos, puesto que las licencias otorgadas tienen periodos cortos y deben de ser renovados periódicamente, lo cual restringe las operaciones crediticias mayores a 10 años.Y por el otro, frenan las inversiones de las instituciones superiores que hasta la fecha no han logrado obtener sus licenciamientos. Si bien es necesario aumentar el acceso de las jóvenes a la educación terciaria, resulta fundamental garantizar que esta sea de calidad y no promover la proliferación de instituciones que no cumplan con las condiciones básicas de funcionamiento.

Asimismo, la modalidad de ejecución de algunas de las medidas que implican equipamiento o mejoras de infraestructura, como es el caso de los Institutos de Excelencia y las instituciones de educación secundaria con formación técnica “se llevarían a cabo bajo las modalidades de gestión presentadas en el OP1”; es decir a través de Asociaciones Publico Privadas (APPs) y/o obras por impuesto, que, como ya vimos en la mayoría de las ocasiones, termina beneficiando al sector privado y no al Estado. La evidencia muestra que el impacto de las APP en la inversión privada y el crecimiento económico del Perú no logran los resultados esperados.

Finalmente, el grupo de medidas que buscan consolidar la Reforma Magisterial y la revalorización docente, representa en su mayoría medidas asociadas al Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016-2021 del MINEDU, así como en la política de revalorización del docente del Ministerio de Educación, que busca implementar medidas y estrategias orientadas a hacer de la docencia una opción profesional atractiva, que dote a los docentes de un adecuado desarrollo profesional, así como de condiciones laborales que garanticen su permanencia en la carrera. Se busca atraer a docentes para que trabajen en zonas rurales indicando que se les otorgará incentivos, lamentablemente las asignaciones por tipo y ubicación de institución educativa es mínima, respecto a la gran labor que realizan.[9]Además, no se dice nada de la necesidad de equilibrar el salario de los docentes al del conjunto de profesionales.

[1] Los CTPP, se configuran como una plataforma institucional para diseñar y articular la implementación de medidas que mejoren la provisión de servicios públicos y la relación público-privada; asimismo cuentan con la asistencia de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización

[2] DECRETO SUPREMO N° 038-2019-EF.

[3] Resolución Ministerial. N° 271-2019-minedu. Conforman Grupo de Trabajo de naturaleza temporal, con el objetivo de formular una propuesta de Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva

[4] BID (2018) ¿Cómo cerrar la brecha de habilidades? El caso de los consejos sectoriales en Perú

[5] Ibídem

[6] Al 26/07/2019

[7] LEY Nº 30512

[8] CONFIEP. (2018). Agenda País. Versión 1.0.

[9] Los montos correspondientes a las asignaciones son los siguientes: a) Escuela unidocente: S/ 200; b) Escuela multigrado: S/ 140; Escuela bilingüe: S/ 50; d) Escuela bilingüe y acreditado: S/ 100; Zona Rural 1: S/ 500; Rural 2: S/ 100; Rural 3: S/ 70; Zona frontera: S/ 100; VRAEM: S/. 300