Hace unos días, el Congreso de la República aprobó por insistencia la Ley N° 31018 , a través de la cual se suspende de manera excepcional y provisional el cobro de peajes en todas las unidades de peajes de la red vial nacional, departamental y local concesionada. Según la norma, su propósito es evitar el contacto con los usuarios y cumplir con el aislamiento obligatorio mientras dure el estado de emergencia nacional. Asimismo, se señala que esta suspensión no causará ni generará derecho compensatorio.

Voceros

Según la presidenta de OSITRAN, esta Ley es inconstitucional ya que se estaría modificando los contratos entre el Estado y las empresas concesionarias, y que estos no pueden modificarse por ley. Además, ha señalado que ahora va a ser difícil exigir a las empresas concesionarias el cumplimiento de sus obligaciones, lo que provocaría que las vías nacionales no cuenten con los servicios necesarios para su buen funcionamiento y los usuarios asuman directamente los efectos .

Por su parte, la ministra de economía ha afirmado que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, debido a las repercusiones que puede tener la norma, la misma que puede llegar a costarle al Ministerio de Transportes y Comunicaciones hasta 700 millones de soles. Según la ministra, existe un riesgo de se anule el desarrollo de obras ya establecidas en los acuerdos y que los servicios de vías, emergencia y de grúas dejen de funcionar. En la misma línea, el presidente de Consejo de Ministros señaló que la norma quebrante unilateralmente los términos contractuales de una concesión entre el Estado y el sector privado, y contraviene el artículo 62 de la Constitución .

Tropezar con la misma piedra

Se puede estar de acuerdo o no, con la norma aprobada por el Congreso. Pero, llama la atención, que no sean las empresas perjudicadas las que protesten, e interpongan acciones legales. Sino que los organismos reguladores y los funcionarios estatales de más alto rango, sean los que operan como voceros de las empresas.

Son servicios esenciales los que en teoría han estado funcionando, muchos directamente atendiendo la emergencia sanitaria. Parece razonable que en situación extrema esos peajes no se cobren. También, hay en los contratos cláusulas de fuerza mayor que se pueden argumentar. Como se ha dicho en otros casos, nos ha ido bien en los arbitrajes internacionales.

Lo más preocupante, es la actitud del gobierno- no solo en este caso- de permisividad o alineamiento con los intereses de las grandes empresas o multinacionales, en vez de proteger a los ciudadanos y su bienestar. Ocurrió con las AFPs, con la flexibilización de requisitos y protocolos para que operen actividades extractivas, la inacción frente al acaparamiento y aumentos de precios con abuso de poder monopólico en productos farmacéuticos y de primera necesidad, la libre importación de productos que compiten deslealmente con el agro y la industria nacional (papas precocidas, confecciones).

Se debe proteger a los sectores más vulnerables en la emergencia, y promover actividades nacionales sobre todo de pequeña y mediana empresa en la reactivación agraria, industrial, de servicios. La situación es muy crítica, y requiere respuestas firmes. PPK cayó -entre otras razones- por la “captura del estado” por los poderes fácticos. Por el “crony capitalism” y la falta de transparencia, conflicto de intereses o abierta corrupción que se generó en los últimos años.

El gobierno no aprende. Persiste en el mismo camino, pese a la extrema gravedad de la situación. El Congreso, más allá de sus aciertos o errores, está tratando de sintonizar con la población. Por eso recibe no solo el ataque del Ejecutivo, sino de los voceros de los poderes fácticos que no han dado la solidaridad que se requiere en la magnitud necesaria, y que quieren que todo continúe como antes. Es una actitud suicida en las actuales circunstancias. Ojalá haya cambio de rumbo.