sin ciencia no hay futuro

FOTO: RCI

EMERGENCIA SANITARIA Y AGENDA NACIONAL A UN AÑO DEL BICENTENARIO – SECTORES PRODUCTIVOS

Publicado: 2020-08-03

Análisis de propuestas de organismos multilaterales con una mirada nacional. 

De acuerdo con el BID[1] los países de la región deben limitar las pérdidas que impidan la recuperación económica, siendo uno de sus ejes mantener el tejido productivo, es decir, evitar pérdidas del capital intangible de las firmas – los conocimientos especializados de sus empleados, relaciones valiosas con proveedores y clientes, y las prácticas tácitas que agregan mucho a su productividad – que desaparecería si las firmas dejan de funcionar. Según el BID, para conservar el tejido productivo, los países tienen dos clases de opciones:

1. Medidas fiscales

– Subsidio al empleo focalizado a las empresas más productivas, por ejemplo, aquellas que tengan un mínimo de tributación empresarial, aquellas con un número mínimo de trabajadores que participan de la seguridad social, que también es un indicio de productividad, y aquellas que reunían condiciones de solvencia con anterioridad a la crisis. Ninguna empresa que no pueda mostrar una caída de ventas por encima de un cierto umbral debería recibir subsidios.

– Declaración de moratorias en el pago de las cargas sociales. Las moratorias en las cargas sociales podrían ser vistas como un primer paso hacia una reforma más fundamental que aliente la creación de empleo productivo a través de menores costos laborales.

2. Medidas financieras

– Programas de créditos y, sobre todo, garantías. El objetivo debe ser impulsar al sector financiero a que preste, pese a su aversión al riesgo, y asista a las empresas y hogares para amortiguar el impacto del shock dentro de los márgenes prudenciales, para preservar la estabilidad financiera. Ello implica contrarrestar vía garantías otorgadas por los bancos centrales a las operaciones de crédito, subsidios a la tasa de interés de los préstamos, y ajustes de la regulación.

– Focalizar los programas de crédito de manera sectorial y transversal.

A nivel sectorial: sectores agrícola y educación, debido a que la pandemia los ha golpeado fuertemente.

A nivel transversal: Focalizar los programas a las empresas más productivas, condicionándolos a sus caídas de ingresos, su formalidad, y su información tributaria.

– Si la meta es suavizar el impacto social y coyuntural de la crisis, se podría canalizar la escasa capacidad de garantizar créditos hacia las empresas más afectadas por la crisis y con más puestos de trabajo, sea cual fuera su productividad.

– Opciones regulatorias: a) Agilizar, aunque sea solo por un tiempo limitado, la gestión de quiebras, b) Ajustar los estándares regulatorios de los bancos de manera transitoria para persuadir a los bancos que ofrezcan alivios transitorios como, por ejemplo, extensiones de madurez, evitando atrasos e incumplimientos costosos. Los bancos centrales pueden apuntalar estos esfuerzos otorgando garantías para ciertos préstamos u operaciones extraordinarias, c) Cuando la morosidad en los mercados de crédito se esté generalizando, las autoridades pueden considerar moratorias temporales o condonación de deudas, empleando la hoja de balance del banco central como respaldo.

Por otro lado, la CEPAL[2], plantea tres conjuntos de medidas:

1. Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas

En este eje se plantea aumentar la liquidez de las empresas, principalmente las de menor tamaño, mediante:

– La postergación o cancelación de los pagos de impuestos, imposiciones previsionales y contribuciones territoriales, o el adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales de 2020.

– La suspensión del pago de los servicios de luz, agua, gas y telecomunicaciones, sin multas ni corte de servicios, hasta finales de 2020.

– La flexibilización y mejora de las condiciones de crédito:

Los períodos de gracia deben ser de por lo menos un año y los plazos de cinco años o más.

Deben reforzarse las operaciones de crédito a través de la banca de desarrollo, que tiene una mayor propensión que la banca comercial a asumir el riesgo asociado a las empresas de menor tamaño.

2. Reforzar las transferencias directas a las empresas para evitar la destrucción de capacidades

– Cofinanciamiento de la nómina salarial diferenciando según el tamaño de las empresas: 30% para las grandes empresas, 50% para las medianas, 60% para las pequeñas y 80% para las microempresas. Este subsidio tendría una duración de seis meses y su costo se estima en un 2,7% del PIB.

– Una contribución en efectivo para los trabajadores autónomos formales. Este subsidio por seis meses para cada trabajador autónomo podría llegar hasta 500 dólares según el poder adquisitivo en cada país. Los recursos públicos comprometidos a nivel regional representarían un 0,8% del PIB y alcanzarían a más de 15 millones de trabajadores.

Estas dos medidas complementan las propuestas de la CEPAL de establecer un ingreso básico de emergencia para toda la población en situación de pobreza en 2020 y un bono contra el hambre para la población en pobreza extrema, con un costo del 2,1% y el 0,6% del PIB, respectivamente. En la medida en que el cofinanciamiento de la nómina y el apoyo en efectivo a los trabajadores autónomos sean eficaces, disminuirán el desempleo y la pobreza, reduciéndose así el costo total del ingreso básico de emergencia y del bono contra el hambre. Existiría una sinergia entre las medidas de apoyo al empleo y la reactivación y las de atención inmediata a las situaciones personales y familiares más críticas.

3. Apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis

Las grandes empresas representan el 39% del empleo formal y más del 90% de las exportaciones, su rol es protagónico en los sectores de mayor intensidad tecnológica y extremadamente relevante en la generación de cadenas de proveedores. Por ello su aporte al incremento de la productividad de los países es clave para garantizar el crecimiento, así como la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Aunque su capacidad de resiliencia es mayor en la fase de emergencia, en comparación con las empresas de menor tamaño, las pérdidas de empleo, capacidad productiva, tecnológica y exportadora son riesgos reales que pueden condicionar seriamente la fase de reactivación. Por estas razones, además del acceso al crédito en condiciones favorables y el cofinanciamiento de la nómina salarial, es necesario considerar:

– La posibilidad de que el Estado participe en la recapitalización de grandes empresas de sectores estratégicos para el crecimiento del país. Estos apoyos deben estar condicionados a que estas empresas se comprometan a no despedir trabajadores por un plazo determinado desde la recepción del cofinanciamiento o de los aportes de capital, a no distribuir utilidades por un período similar y a implementar planes de inversión para acelerar la reactivación o aumentar la sostenibilidad ambiental de sus operaciones. Asimismo, las grandes empresas deben empeñarse en reducir los plazos de pago a sus pequeños proveedores, llegando posiblemente a pagos al contado.

– A fin de apoyar a grandes empresas viables con problemas de liquidez, se debe aumentar la eficacia del mercado de capitales para generar mecanismos de financiamiento más flexibles; por ejemplo, la emisión de bonos o bonos convertibles en acciones, que generalmente tienen un menor costo para el deudor.

– En momentos de gran incertidumbre es crucial la transparencia de los mercados, es decir que los inversores tengan acceso a información financiera sobre la empresa, con respecto, por ejemplo, a los niveles de precios, la profundidad del mercado y los informes financieros auditados. Por su parte, el fortalecimiento de los mecanismos de regulación permitiría a los reguladores monitorear si los niveles de capital y liquidez son los adecuados, así como la eficacia de la gestión del riesgo por los consejos de administración.

– Garantizar la seguridad de los empresarios, empleados, clientes y proveedores de las empresas. Para ello, es necesario implementar protocolos de seguridad para el funcionamiento de las empresas. A partir de lineamientos generales definidos por la autoridad sanitaria, y con la participación de las cámaras empresariales, los sindicatos y las autoridades gubernamentales, es preciso elaborar e implementar normas de conductas específicas para cada sector.

Balance

Las medidas propuestas por el BID y la CEPAL para mantener el tejido productivo son en su mayoría complementarias. Mientras que el BID propone como medidas fiscales, un subsidio al empleo focalizado a las empresas productivas y la declaración de moratorias en el pago de las cargas sociales, el BID propone reforzar las transferencias directas a las empresas a través del cofinanciamiento de la nómina salarial diferenciando según el tamaño de las empresas, una contribución en efectivo para los trabajadores autónomos formales y recapitalización de grandes empresas de sectores estratégicos. Respecto a las medidas financieras, el BID propone programas de crédito focalizados de manera sectorial y transversal, programas de crédito no focalizados, y opciones regulatorias. Por su parte la CEPAL propone ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas, aumentar la eficacia del mercado de capitales, y el fortalecimiento de los mecanismos de regulación.

Las medidas implementadas por el gobierno peruano para mantener el tejido productivo han seguido solo algunas de las medidas propuestas por el BID y la CEPAL. Otras han sido implementadas parcialmente, por ejemplo, se ha financiado la nómina salarial, pero sin diferenciar por el tamaño de las empresas, o se ha brindado apoyo financiero a las grandes empresas, pero sin diferenciar por sectores estratégicos. Otras medidas no fueron implementadas a pesar de ser importantes, por ejemplo, un subsidio para los trabajadores autónomos.

Las medidas que se han tomado para mantener el tejido productivo y reactivar la economía, se encuentran alineados a los objetivos prioritarios 6 y 7 del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), los cuales se encuentran basados en nuestras ventajas comparativas, y que carecen de una política integral que permita una mayor complejidad de la estructura productiva, el impulso de sectores intensivos en conocimientos, cadenas regionales de valor, políticas explícitas para internacionalización de las Pymes, etc. Se puede revisar el balance realizado en su oportunidad por el Despacho del parlamentario andino Alan Fairlie[3].

Los Decretos de Urgencia que fueron aprobados por el Ejecutivo durante el periodo del interregno parlamentario, se encuentran alineados a dichos objetivos prioritarios del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. En ese sentido, mediante la desregulación y simplificación de normas se impulsaron aquellos sectores basados en nuestras ventajas comparativas. Pueden revisar el balance realizado en su oportunidad por el Despacho del parlamentario andino Alan Fairlie[4].

[1] BID (2020b). Salir del túnel pandémico con crecimiento y equidad: Una estrategia para un nuevo compacto social en América Latina y el Caribe. Disponible en: https://publications.iadb.org/es/salir-del-tunel-pandemico-con-crecimiento-y-equidad-una-estrategia-para-un-nuevo-compacto-social-en-america-latina-y-el-caribe

[2] CEPAL (2020). Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45734/4/S2000438_es.pdf

[3] http://alanfairliereinoso.pe/wp-content/uploads/2019/05/Aqu%C3%AD.pdf

[4] Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/wp-content/uploads/2020/03/Decretos-de-Urgencia-_final_compressed-2.pdf


Escrito por

Alan Fairlie Reinoso

Economista y actual Parlamentario Andino por Perú.


Publicado en