En el empleo, tanto formal como informal, las consecuencias generadas por la crisis del Covid-19 han sido graves, la mayoría de la población ha perdido de forma inmediata sus ingresos debido a la cuarentena y al cierre o quiebre de las empresas. Según la OIT[1] se podría llegar al record histórico de 41 millones de personas desempleadas en América Latina y el Caribe. Más aún si en nuestra región, el 42.4% de los empleos se encuentran en sectores de riesgo alto y el otro 16.5% en riesgo medio-alto. En el caso peruano, según el informe anual del empleo del Ministerio de Trabajo[2], el 40.3% de la PEA Ocupada según rama de actividad se encuentra en el sector servicios; y, un 18.8% en el sector comercio, donde hay más riesgo de pérdida de empleos. 

Ante la crisis del Covid-19, la OIT[3], propuso un Marco Integral de Políticas, para dar una respuesta integral sin dejar a nadie atrás, conforme a las Normas Internacionales de Trabajo, que contemplan 4 pilares, 1) Estimular la economía y el empleo, 2) Apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos, 3) Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, y 4) Buscar soluciones mediante el diálogo social.

La CEPAL y la OIT, en el documento denominado “El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (Covid-19)”[4], señalaron que los desafíos estructurales del mundo del trabajo deben resolverse en base al diálogo social, lograr consensos y políticas para superar la crisis. Y, que los países han abordando principalmente tres áreas: 1) La protección de los trabajadores en el lugar de trabajo; 2) La protección de la actividad económica y la demanda de la mano de obra; y, 3) El apoyo al empleo y el mantenimiento de los ingresos. Asimismo, indica que con el fin evitar los contagios, se debe asegurar los ingresos de los grupos más vulnerables, proteger a las empresas, y preservar los empleos y las condiciones laborales.

En el documento denominado “Resumen de Políticas: El mundo del trabajo y Covid-19”[5], la ONU, con la colaboración de la OIT, propusieron las siguientes recomendaciones de política: 1) Priorizar el apoyo inmediato para trabajadores en riesgo, empresas, trabajos e ingresos; 2) Asegurar un enfoque integral para regresar al trabajo; 3) Crear trabajos decentes y productivos para una recuperación verde, inclusiva y resilente.

Para ello, los gobiernos deberían de priorizar las siguientes políticas: protección social, transición a la formalidad, creación de empleo a través de economías más verdes e inversiones en la naturaleza, inversión en la economía del cuidado, habilidades y empleos para jóvenes, entorno empresarial sostenible que apoye a las Mipyme centrándose en la sostenibilidad social y ambiental, nuevas tecnologías, políticas sectoriales para sectores afectados y transformación estructural, políticas dirigidas para grupos afectados, participación del sistema multilateral para ayudar a los países en el proceso de recuperación basado en el empleo, entre otros.

En el informe de la ONU “El impacto del Covid-19 en América Latina y el Caribe”[6] señala que “América Latina y el Caribe se ha convertido en una de las zonas críticas de la pandemia de COVID-19, exacerbada por estructuras de protección social débiles, sistemas de salud fragmentados y profundas desigualdades”[7]. Por lo que la pobreza en la región podría aumentar de 45 millones hasta 230 millones de personas, y la extrema pobreza de 28 millones hasta 96 millones de personas. Asimismo, indica que antes del inicio de la pandemia, la región ya afrontaba graves limitaciones estructurales y elevados niveles de desigualdad, así como vulnerabilidad al cambio climático, a los desastres naturales y pérdida de la biodiversidad.

En ese sentido, se plantea que la recuperación posterior a la pandemia debe tomar en cuenta lo propuesto en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es decir, un nuevo equilibrio entre el papel del Estado, el mercado y la socie­dad civil. En cuanto a la dimensión económica, debe estar basada en la creación de empleos decentes. Y, la dimensión ambiental, se centra en la protec­ción de la naturaleza y el medio ambiente. Entre las recomendaciones de corto plazo relacionadas con el empleo, propone otorgar subsidios de emergencia para las Mipymes, especialmente para cubrir los costos laborales. Establecer condiciones para el apoyo financiero a las grandes empresas, como proteger el empleo, realizar inversiones verdes y otros. Sobre las medidas de protección social para los trabajadores formales, propone la reducción de exposición al Covid-19 (teletrabajo) y la protección del ingreso y el empleo (seguro de desempleo, licencia médica, prohibiciones de despido).

Sobre las recomendaciones para reconstruir con igualdad, plantea que se debe promover sistemas de bienestar integrales que impliquen planes de protección social y acceso universal a la salud y educación sin discriminación. Asimismo, promover políticas industriales y tecnológicas sostenibles que incluyan medidas de crecimiento con najas emisiones de carbono, reasignación de los trabajadores informales a trabajos decentes, promoción de la transición a las energías renovables, entre otros.

El BID publicó en su documento “SALIR DEL TUNEL PANDÉMICO, con crecimiento y equidad, un nuevo compacto social en América Latina y el Caribe”[8], que para la recuperación económica se deben focalizar las reformas en bajar los costos de la actividad económica, eliminar barreras regulatorias y tributarias para tener impacto en nuevos emprendimientos y creación de empleo. En ese sentido, propone que para una rápida salida de la crisis se debe priorizar medidas en el gasto en infraestructura y la reducción de los costos no salariales.

En cuanto a las “Reformas para reducir los obstáculos a la creación de empleos productivos”, el BID señala que se debe priorizar las empresas productivas, eliminar los obstáculos que desalienta la creación del empleo. Asimismo, indica que la falta de creación de empleos productivos se debe a dos factores, uno es la fragmentación de los regímenes de protección social, el derecho a salud y pensiones; y otro factor son los altos costos del despido en el empleo formal. Por lo cual el BID propone la creación de contratos formales de “emergencia” con menores costos de despido y menores cargas no salariales, el financiamiento de la protección social con los impuestos generales, desarrollar sistemas de protección de desempleo, bajar a cero los umbrales de empleo de los regímenes especiales tributarios, entre otros.

En el mismo documento, el BID señala la necesidad de fortalecer el sector salud debido a que permitirá una salida más rápida de la crisis, “El mejor estímulo económico que los gobiernos pueden ofrecerle a sus países se encuentra, por lo tanto, en el sector salud”[9] debiendo ser una prioridad en la distribución del gasto. Respecto a los sistemas previsionales, señala que a nivel regional éstos son ineficientes y desiguales, por lo que propone la reforma previsional. En cuanto a la agenda de crecimiento inclusivo, indica que al salir de la crisis sanitaria se deberá atender retos desatendidos como la desigualdad y la sostenibilidad ambiental, reduciendo los subsidios de la región al consumo de combustibles fósiles.

Balance

Las propuestas de los organismos internacionales ante la crisis del Covid-19 han sido diferentes, en cuanto al empleo, la OIT, CEPAL, y la ONU, proponen proteger y promover el empleo decente y productivo, mantener los empleos y los ingresos, las condiciones laborales y evitar los despidos, priorizar el diálogo social, el consenso y la búsqueda de soluciones. Por otro lado, el BID propone flexibilizar las normas laborales, reducir los estándares de protección y derechos laborales, reducir los costos que asume la empresa incluida la gran empresa, eliminar los costos laborales no salariales como los costos del despido y la protección social, y promover contratos de “emergencia” sin derechos laborales.

En cuanto a la salud, la CEPAL y la ONU, proponen la universalización del acceso a la salud desde una perspectiva integral de garantizar los servicios básicos para combatir la desigualdad y proteger a la población. Por otro lado, el BID también propone fortalecer el sector salud pero desde la perspectiva de que es el mejor estímulo económico para superar la crisis. En cuanto a las propuestas de políticas para proteger el medioambiente, la CEPAL, y la ONU incluso lo condicionan a la entrega de apoyos económicos a las empresas como realizar inversiones verdes, entre otros. Por otra parte el BID indica que al salir de la crisis se atenderá la sostenibilidad ambiental.

Los lineamientos del Plan Nacional de Competitividad y Productividad[10] aprobado en el año 2018 en nuestro país tiene muchas similitudes con lo propuesto por el documento del BID ,en cuanto al empleo, profundizar la flexibilización laboral mediante la reducción de los costos laborales no salariales y los costos del despido, entre otros. Y, en el caso del medio ambiente no abordó la problemática de los conflictos socio ambientales o los problemas de fondo. Pueden revisar el balance realizado en su oportunidad por el Despacho del parlamentario andino Alan Fairlie[11].

Los Decretos de Urgencia que fueron aprobados por el Poder Ejecutivo durante el periodo del interregno parlamentario, continúan con el desarrollo de los Objetivos Prioritarios del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. En ese sentido, a nivel laboral flexibilizó los derechos de los trabajadores, reduciéndolos o eliminándolos, como el caso de la Ley de Promoción Agraria, la Negociación Colectiva en el Sector Público, entre otros. De igual forma se dio en cuanto a las políticas sobre medio ambiente sin resolver los problemas de fondo sobre la reducción de los estándares ambientales lo cual genera diversos conflictos socioambientales. A nivel de salud, se aprobaron normas que si bien pueden considerarse positivas como garantizar el acceso a medicamentos genéricos y la cobertura universal de salud; por otra parte, no se destinó presupuesto adecuado para fortalecer la salud, situación que se agravó durante la pandemia. Pueden revisar el balance realizado en su oportunidad por el Despacho del parlamentario andino Alan Fairlie[12].

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[1] Véase en: https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_749663/lang–es/index.htm

[2] Véase en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/437106/Informe_Anual_del_Empleo_2018.pdf

[3] Véase en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_745965.pdf

[4] CEPAL & OIT. (2020). “El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (Covid-19)”.

[5] Véase en: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748477/lang–

es/index.htm

[6] Véase en: https://reliefweb.int/report/world/informe-el-impacto-del-covid-19-en-am-rica-latina-y-el-caribe-julio-2020

[7] ONU. (2020). “El impacto del Covid-19 en América Latina y el Caribe”. p. 02

[8] Véase en: https://publications.iadb.org/es/salir-del-tunel-pandemico-con-crecimiento-y-equidad-una-estrategia-para-un-nuevo-compacto-social-en-america-latina-y-el-caribe

[9] BID. (2020). “SALIR DEL TUNEL PANDÉMICO, con crecimiento y equidad”. p. 22

[10] MEF (2018). Política Nacional de Competitividad y Productividad. Decreto Supremo No. 345. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 2018

[11] http://alanfairliereinoso.pe/wp-content/uploads/2019/05/Aqu%C3%AD.pdf

[12] Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/wp-content/uploads/2020/03/Decretos-de-Urgencia-_final_compressed-2.pdf