El siguiente articulo resalta los principales hallazgos del documento elaborado por la CAF, titulado “Los sistemas de pensiones y salud en América Latina: los desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad”, en donde se realiza un balance del panorama de la protección social de los países de la región, y del Perú. 

Este estudio señala que el gasto en pensiones y en salud con relación al PIB ha crecido en los primeros años del siglo XXI. Sin embargo, el promedio de la región aún sigue siendo menor al de la OCDE (gasto en pensiones es 9% del PIB y el gasto público en salud alcanza el 6,4%), ya que nuestros países apenas gastan el 4,3 % y 4,1 % del PIB, respectivamente, en los conceptos antes señalados. Uno de los factores que explican parcialmente el bajo nivel de estos gastos es la arquitectura de los sistemas de protección social, lo cual implica a su vez retos en materia de cobertura y calidad.

La protección social es una herramienta esencial para el desarrollo, además de proteger a las personas frente a determinados riesgos, y promover una mayor igualdad. No obstante, enfrenta diversos desafíos para su implementación tanto del lado del financiamiento como el envejecimiento poblacional. En nuestra región las personas mayores de 65 años financian su déficit de ingreso a partir de tres fuentes: i) activos (incluyendo fondos en pensiones de capitalización); ii) transferencias públicas (incluyendo transferencias de sistemas de pensiones bajo el principio de reparto) y iii) transferencias privadas, siendo transferencias públicas las más importantes para los países en desarrollo como el nuestro.

En cuanto a la cobertura de la protección social para adultos mayores, esta dista de forma significante a la cobertura lograda en los países desarrollados, en donde supera el 90%, siendo universal para la gran mayoría de ellos. Las cifras para América Latina muestran que, en el 2000, el promedio de la cobertura en la región estaba alrededor del 37%, principalmente bajo esquemas contributivos, llegando a alcanzar el 60% en el 2017, como consecuencia del surgimiento de pensiones no contributivas. Es así que, hoy en día, 24% de los adultos mayores tienen una pensión no contributiva. De otro lado, se observa una gran heterogeneidad, tanto en el nivel de cobertura como en la composición entre pensiones contributivas y no contributivas dentro de los países de la región. Entre los países con una mayor cobertura se encuentran Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y México, con cifras superiores al 80%. En el caso de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile la cobertura se logra especialmente con pensiones contributivas. Y países como Colombia y Perú mantienen coberturas por debajo del 50%, y solo 5 de 10 adultos mayores tienen acceso a una pensión.

De otro lado, entre los países en donde predomina el componente de reparto dentro de los sistemas de pensiones se encuentra: Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay, en cambio en Bolivia, Chile y México, predomina los componentes de capitalización, y en el caso de Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay, son sistemas mixtos.

Es importante resaltar que las brechas de calidad entre sistemas contributivos y no contributivos, aunado a la escasa participación de las familias pobres en los esquemas contributivos, disminuyen la capacidad del sistema de protección social de promover la igualdad y reducir la pobreza. La CAF en su informe señala que, en países como Colombia y Perú, el monto de las pensiones no contributivas es inferior a la línea de pobreza.

Otro desafío que enfrentan los sistemas de protección social de la región, es el envejecimiento acelerado de la población. En los próximos 30 años, la proporción de latinoamericanos de menos de 65 años se duplicará, para alcanzar casi un 18%, mientras que la población de 80 años y más pasará de representar menos del 2% al 5% del total, lo cual conllevará a grandes desafíos en términos de pensiones y salud. De acuerdo con las estimaciones de la CAF, la razón de trabajadores activos por adulto mayor (65 años y más) caerá de 6 a 2,8 en 2050 y 1,3 en 2100, lo cual ejerce una gran presión sobre los sistemas de protección social.

A este factor se suma la informalidad, así como los cambios tecnológicos y el surgimiento de nuevas formas de trabajo que son elementos que también condicionan la protección social y su financiamiento. Teniendo en cuenta que la región enfrenta un contexto de alta informalidad, es fundamental contar con una amplia cobertura y con montos de pensiones no contributivas adecuados para disminuir la pobreza en la vejez. En ese sentido, la CAF resalta que estos montos son aún muy bajos en varios países, en particular en Chile, Colombia, México, y Perú, mientras que países como Colombia y Perú deberían también evaluar una ampliación de la cobertura de este tipo de pensiones.

De otro lado, para asegurar la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social, la CAF propone que aquellos países que cuentan con un espacio para incrementar los ingresos fiscales deberían contemplar reformas tributarias estructurales, como la ampliación de las bases tributarias mediante la reducción de las exoneraciones y exenciones fiscales, el mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias y el fortalecimiento de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, ello con el fin de contar con los recursos necesario para garantizar una vejez digna a la población.